Jurisprudencia
El recurrente fue sentenciado en la Corte Municipal de Los Angeles por conducir un automóvil en estado de ebriedad. 1) Había sido arrestado en el hospital mientras recibía atención médica por las heridas sufridas en el accidente en que había participado el auto que aparentemente conducía. 2) Por indicación de un policía, un médico tomó una muestra de sangre del recurrente en el hospital [384 U.S. 757, 759] . El análisis químico de esa muestra reveló un porcentaje de alcohol en sangre considerado como "intoxicación" para el momento del accidente. El reporte de este análisis fue admitido como prueba durante el juicio. El recurrente objetó esta admisión aduciendo que la muestra se había tomado a pesar de su oposición, aconsejada por su abogado, a someterse al test. Argumentó que en esas circunstancias la extracción de sangre y la admisión del análisis como prueba válida le negaban el derecho a debido proceso bajo la 14° Enmienda y las garantías específicas de la Bill of Rights asegurada contra el Gobierno por esa enmienda: su prerrogativa contra la incriminación contra si mismo contemplado en la 5° Enmienda: su derecho a asesoría legal bajo la 6° Enmienda; y su derecho a no ser sujeto a cateos sin razonabilidad ni a confiscaciones o detenciones violatorias de la 4° Enmienda. El Departamento de Apelaciones de la Corte Superior de California rechazó estos alegatos y mantuvo firme la sentencia. 3) En vista de las decisiones constitucionales desde que consideramos por última vez estos puntos en el caso Breithaupt v. Abram, 352 U.S. 432 - ver Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 ; Malloy v. Hogan, 378 U.S. 1 , and Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 - Concedimos auto de avocación. 382 U.S. 971 . Convalidamos.- "Schmerber v. California" - No. 658 - Corte Suprema de Los Estados Unidos - 20 de junio de 1966.-
"El recurrente fue hospitalizado luego de un accidente que involucró al auto que él aparentemente había estado conduciendo. Un policía olió alcohol en el aliento del recurrente y detectó otros síntomas de ebriedad tanto en la escena del accidente como en el hospital; procedió a arrestarlo y le informó que tenía derecho a un abogado, que podía guardar silencio y que cualquier cosa que dijera podía ser usada en su contra. Por instrucciones del policía, un medico tomó una muestra de sangre del recurrente a pesar de la negativa del recurrente, aconsejada por su abogado, a consentir la extracción. Un reporte del análisis químico de la sangre, que indicaba grado de intoxicación, fue admitida como prueba -a pesar de la objeción del recurrente- por conducir en estado de intoxicación. El recurrente fue sentenciado y la sentencia fue confirmada por la corte de apelación, que rechazó el argumento de que al recurrente se le habían negado el derecho a debido proceso, su prerrogativa a no declarar en contra de si mismo, su derecho a asesoría legal y su derecho a no ser sometido a cateos y detenciones no razonables."
Sentencia:
1. El caso Breithaupt v. Abram, 352 U.S. 432 , en el cual el argumento de negación del derecho a proceso debido fue rechazado en una situación similar. Pp. 759-760.//-
2. La prerrogativa contra declarar en contra de si mismo corresponde a un acusado en un caso como este, en donde no existe ni siquiera una sombre de que haya sido forzado a testificar en su contra o de proveer al Estado prueba de naturaleza testimonia. Pp. 760-765.-
3. El argumento( limitado)) del recurrente de que le fue negado el derecho a un abogado en virtud de una extracción de sangre hecha a pesar de su negativa a hacerlo y del consejo del abogado de que no () lo consintiese, es rechazado, dado que el mero hecho de que su representante le haya aconsejado que esgrimiera un derecho no le confiere tal derecho.Pp. 765-766.-
4. En vista de los intereses sustanciales de privacidad involucrados, el derecho del recurrente a ser libre de cateos o detenciones no razonables atañe la extracción de su sangre, pero dados los hechos de este caso no hubo violación de tal derecho. Pp. 766-772.-
(a) Hubo causa probable para proceder al arresto y los mismos hechos que establecieron causa probable justifican a la policía en su exigencia [384 U.S. 757, 758] de que el recurrente fuera sometido a un test que midiera el grado de alcohol en su sangre. En vista del tiempo necesario para llevar al recurrente al hospital, las consecuencias de la dilación en hacer el test de sangre y el tiempo necesario para investigar la escena del accidente, no hubo tiempo para conseguir una orden emitida por un magistrado competente, y la indicación clara de que se encontraría prueba de intoxicación convierte al examen de sangre en un motivo apropiado para el arresto del recurrente. Pp. 770-771.-
(b) El test elegido para medir el alcohol presente en la sangre del recurrente fue uno razonable, ya que constituye un medio efectivo para determinar intoxicación, no implica riesgos de dolor o trauma y fue llevado a cabo de una manera razonable por un médico en un hospital. P. 771.-
Convalidado.-
Thomas M. McGurrin presentó la demanda del recurrente.-
Edward L. Davenport estuvo a cargo de representar al demandado. Acompañaron Roger Arnebergh y Philip E. Grey
Texto completo
El JUEZ BRENNAN estuvo a cargo de comunicar el fallo de la Corte.-
El recurrente fue sentenciado en la Corte Municipal de Los Angeles por conducir un automóvil en estado de ebriedad. 1) Había sido arrestado en el hospital mientras recibía atención médica por las heridas sufridas en el accidente en que había participado el auto que aparentemente conducía. 2) Por indicación de un policía, un médico tomó una muestra de sangre del recurrente en el hospital [384 U.S. 757, 759] . El análisis químico de esa muestra reveló un porcentaje de alcohol en sangre considerado como “intoxicación” para el momento del accidente. El reporte de este análisis fue admitido como prueba durante el juicio. El recurrente objetó esta admisión aduciendo que la muestra se había tomado a pesar de su oposición, aconsejada por su abogado, a someterse al test. Argumentó que en esas circunstancias la extracción de sangre y la admisión del análisis como prueba válida le negaban el derecho a debido proceso bajo la 14° Enmienda y las garantías específicas de la Bill of Rights asegurada contra el Gobierno por esa enmienda: su prerrogativa contra la declarar en contra de si mismo contemplado en la 5° Enmienda: su derecho a asesoría legal bajo la 6° Enmienda;; y su derecho a no ser sujeto a cateos sin razonabilidad ni a confiscaciones o detenciones violatorias de la 4° Enmienda. El Departamento de Apelaciones de la Corte Superior de California rechazó estos alegatos y mantuvo firme la sentencia. 3) En vista de las decisiones constitucionales desde que consideramos por última vez estos puntos en el caso Breithaupt v. Abram, 352 U.S. 432 - ver Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 ; Malloy v. Hogan, 378 U.S. 1 , and Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 – concedimos auto de avocación. 382 U.S. 971 .-
I.-
El argumento de la cláusula de proceso debido.-
Breithaupt presentó también un argumento por el cual oficiales de policía ordenaron la extracción de una muestra de sangre al chofer de un automóvil que había participado en un accidente y según el cual existía amplia justificación para que la policía concluyera que el chofer estaba bajo la influencia de alcohol. En este, como en el otro caso, la extracción fue hecha por un médico en un hospital y de una manera simple y aceptable. [384 U.S. 757, 760] En el caso Breithaupt, sin embargo, el automovilista estaba inconsciente en el momento de la extracción y no tuvo entonces la oportunidad de objetar el test. Allí nosotros confirmamos la sentencia resultante del uso del test de alcohol en sangre como prueba y sostuvimos que en tales circunstancias la extracción no ofendía “´ese sentido de justicia´ del cual hablamos en Rochin v. California, 342 U.S. 165 ." 352 U.S., at 435 . Breithaupt, pues, requiere el rechazo del derecho a proceso debido del recurrente, y nada en las circunstancias de este caso 4 o en los eventos posteriores persuade de que este aspecto del caso Breithaupt deba ser revertido.-
II.-
THE PRIVILEGE AGAINST SELF-INCRIMINATION CLAIM.-
EL ARGUMENTO DE LA PRERROGATIVA CONTRA LA DECLARAR EN CONTRA DE SI MISMO
Breithaupt rechazó sumariamente el argumento de que las extracciones de sangre y la admisión del reporte del análisis violaran la prerrogativa, consagrada por la 5° Enmienda, a que cualquier persona no “sea forzada en ningún caso legal a ser un testigo en contra de si mismo”, citando Twining v. New Jersey, 211 U.S. 78 . Pero ese caso, sostentiendo que las protecciones de la 14° Enmienda no alcanzan esta prerrogativa de la 5° Enmienda, ha tenido éxito Malloy v. Hogan, 378 U.S. 1, 8
Nosotros allí sostuvimos que “la 14° Enmienda asegura contra la invasión estatal la misma prerrogativa que la 5° Enmienda garantiza transgresión federal –el derecho de una persona a permanecer callada a menos que elija hablar en el irrestricto ejercicio de su propia voluntad, [384 U.S. 757, 761] y a no sufrir sanción . . . por ese silencio." Ahora nosotros debemos, consecuentemente, decidir si la extracción de sangre y la admisión del resultado del test como prueba violan la prerrogativa del recurrente. Nosotros sostenemos que la prerrogativa protege a un acusado solo de ser obligado a testificar en su contra o de cualquier otra manera proveer al Estado prueba de naturaleza testimonial, 5 y sostenemos también que la extracción de sangre y el uso del análisis en cuestión en este caso no implican coacción para llegar a estos fines.-
No podría ser negado que al requerir al recurrente que se sometiera a la extracción de sangre y al ordenar el posterior análisis de esa muestra, el Estado le impuso someterse a un intento de hallar prueba que podría ser usado para enjuiciarlo por delito. Él se sometió a la prueba solo después de que el policía rechazara su objeción y le ordenara proceder al médico. La orden que le dio el policía al medico de llevar adelante la extracción a pesar de la resistencia del recurrente constituyó coacción a los efectos del privilegio. La pregunta crítica, entonces, es si el recurrente fue así obligado a ser “un testigo en contra de sí mismo”. 6 [384 U.S. 757, 762]
Si el alcance de la prerrogativa coincidiera con el complejo de valores que ayuda a proteger, estaríamos obligados a concluir que la prerrogativa fue violada. En Miranda v. Arizona, ante, art 460, la Corte dijo sobre los intereses protegidos por la prerrogativa: "Todos estos principios apuntan a una idea prevaleciente: el fundamento constitucional que subyace a la prerrogativa es el respeto que el gobierno –sea federal o estatal—debe otorgar a la dignidad e integridad de sus ciudadanos. Mantener ‘un balance justo entre el estado y el individuo´, requerir que el gobierno ‘cargue con todo el peso´ . . .respetar la inviolabilidad del ser humano; nuestro sistema acusatorio de justicia penal exige que cuando el gobierno busque castigar a un individuo, sea el mismo gobierno el que deba hallar la prueba por sus propios medios y acción, en vez de apelar al cruel y simple recurso de forzar al individuo a que abra la boca”. La extracción de sangre necesariamente implica perforar la piel para poder extraerla, y el porcentaje de alcohol en sangre, una vez establecido por los análisis químicos, es prueba de culpabilidad legal.-
El sometimiento bajo coacción no cumple, desde una perspectiva, con los requisitos de la “inviolabilidad de la persona humana”.Además, dado que le permite al Estado apoyarse en prueba que le fue sonsacada a la fuerza al acusado, la coacción viola al menos uno de los significados del mandato de que sea el Estado quien busque la prueba contra un acusado “por sus propios e independientes medios.”
Como implícitamente reconoce el pasaje del caso Miranda, de cualquier manera, la prerrogativa no tuvo nunca el alcance completo que los valores que ayuda a proteger parecerían darle. La historia [384 U.S. 757, 763] y una larga lista de autoridades de cortes de instancias inferiores han limitado continuamente su alcance a situaciones en las cuales el Estado busca suprimir esos valores al obtener prueba contra el acusado a través del ‘cruel y simple recurso de forzar al individuo a que abra la boca´…En conclusión, la prerrogativa es satisfecha solo cuando a la persona le es garantizado el derecho ‘a callada a menos que elija hablar en el irrestricto ejercicio de su propia voluntad.'" Ibid. El caso testigo en esta Corte es Holt v. United States, 218 U.S. 245 . Allí la pregunta fue si la prueba era admisible dado que el acusado, con anterioridad al juicio y bajo su protesta, hubo de ponerse una camisa que le quedaba bien de tamaño.Se adujo que si se había forzado al acusado a que se sometiera a ponerse la camisa, se había violado la prerrogativa. El Juez Holmes, hablando en nombre de la Corte, rechazó el argumento por estar basado, dijo, "sobre una extravagante extensión de la 5° Enmienda”. Y continuó: “la prohibición de obligar a una persona a ser un testigo en contra de sí misma en una corte penal es la prohibición del uso de coacción física o moral para arrancarle información, no la exclusión de su cuerpo como posible fuente de prueba si ésta es física. La objeción en principio podría prohibirle incluso a un jurado a mirar a un prisionero y comparar sus facciones con las de una foto usada como prueba." 218 U.S., at 252 -253. 7
Está claro que la protección dada por esta prerrogativa alcanza las vías de comunicación de un acusado, cualquiera sea la forma que tomen [384 U.S. 757, 764], y la obtención por la fuerza de respuestas que también constituyen comunicación, por ejemplo, el acatamiento de una citación pidiendo documentos de identidad.. Boyd v. United States, 116 U.S. 616 . Por otro lado, las cortes tanto estatales como federales han sostenido a menudo que la prerrogativa no ofrece protección en contra de la coacción a dejarse tomar huellas digitales, fotografías o mediciones, como tampoco a deber identificarse –oralmente o por escrito-, comparecer en la corte, ponerse de pie, asumir una determinada postura física, caminar o hacer algún gesto en particular. 8 La distinción resultante, a menudo expresada de diferentes maneras, es que la prerrogativa es una barrera contra "comunicaciones” o "testimonios" forzados, “pero que esa coacción que convierte a un sospechoso o acusado en una fuente de "prueba real o física”, no la viola.-
Aunque aceptamos que esta distinción ofrece un marco útil para el análisis, no debe entenderse que estemos expresando nuestro acuerdo con su aplicación en todas las instancias del pasado. En muchos casos esta distinción no se alcanza de manera directa. Algunos tests aparentemente dirigidos a obtener “prueba física”, como el detector de mentiras midiendo cambios en las funciones corporales durante el interrogatorio, pueden en realidad estar dirigidas a sonsacar respuestas que son esencialmente testimonios. Obligar a una persona a someterse a tests, consentidos o no, que apuntan a determinar su culpa o inocencia sobre la base de respuestas fisiológicas, es evocar el espíritu y la historia de la 5° Enmienda. Tales situaciones nos recuerdan el principio de que la protección de esta prerrogativa “es tan vasta como el mal que busca prevenir”, Counselman v. Hitchcock, 142 U.S. 547, 562 . [384 U.S. 757, 765]
Este caso, de todos modos, no presenta este tipo de problemas de aplicación. No hubo siquiera una sombra de sospecha de coacción testimonial o de comunicación arrancada por la fuerza al acusado ni en la extracción ni en el análisis químico. La capacidad testimonial del recurrente no estuvo de ningún modo implicada; de hecho, su participación, excepto como donante, fue irrelevante para los resultados del test, que únicamente dependieron de los análisis químicos. 9 Dado que la prueba aportada por el examen de sangre –incluso resultaron culpables de coacción- no fue ni el testimonio del recurrente ni prueba surgida de algún acto comunicativo o documento escrito del recurrente, no pudo no ser admitida bajo argumentos de prerrogativa.-
III.-
El ARGUMENTO DE DERECHO A UN ABOGADO
.-
Esta conclusión también responde al argumento del recurrente de que, obligado a someterse a un test al cual él se estaba rehusando por consejo de su abogado, [384 U.S. 757, 766] , le fue negado el derecho a asistencia legal consagrado por la 6° Enmienda. Toda vez que el recurrente no tenía derecho a plantear la prerrogativa ante el test, no tenía tampoco un derecho mayor porque el abogado erróneamente le aconsejó que podía objetar el test. Su pretensión está estrictamente limitada y debe ser rechazada.-
IV.-
EL PLANTEO DE UNA INVESTIGACIÓN
En Breithaupt, como en este caso, también fue planteado que el análisis químico debía ser excluido de la prueba por cuanto, se dijo, era el producto de un proceso ilegal de cateo y cateo en contradicción con la 4° y la 14° enmiendas. La Corte no decidió si la extracción de sangre en este caso era ilegal, pero rechazó el argumento de Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25 . Este caso había planteado que la Constitución no requería, en juicios a nivel estatal por delitos contra la ley estatal, la exclusión de prueba obtenida en violación de lo estipulado por la 4° Enmienda. Nosotros hemos denegado a Wolf en esta cuestión, sosteniendo en Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 ,que el reglamento excluyente utilizado por la parte acusadora en Weeks v. United States, 232 U.S. 383 , también debía adoptarse en enjuiciamientos penales en cortes del estado. La cuestión está claramente planteada, entonces, respecto de si el análisis químico [384 U.S. 757, 767] presentado como prueba en este caso, debió ser excluída como procedente de un cateo y requisa inconstitucionales.-
La función primordial de la 4° Enmienda es proteger la privacidad y dignidad de la persona frente la intrusión gratuita del Estado. En Wolf reconocimos que “la seguridad de la privacidad personal contra la intrusión sin fundamentos de la policía” está “en el centro de la 4° Enmienda” y que constituye “un aspecto básico de una sociedad libre”." 338 U.S., at 27 . Hemos reafirmado esa visión amplia del propósito de dicha enmienda al aplicar La Ley Federal Excluyente a States en Mapp.-
Los valores protegidos por la 4° Enmienda de este modo se superponen sustancialmente con aquellos protegidos por la 5° Enmienda. La historia y la jurisprudencia han requerido que nosotros hoy rechacemos la afirmación de que la cláusula de declarar en contra de si mismo de la 5° Enmienda requiere que el cuerpo humano en todas las circunstancias resulte inviolable frente a la búsqueda de prueba por parte del Estado. Pero si la administración forzosa de un test de sangre no implica a la 5° Enmienda, claramente tiene que ver con el alcance de cateo y requisa concebidos en forma amplia de la 4° Enmienda. Esta enmienda expresamente postula que “el derecho del pueblo a la seguridad en sus personas, hogares, papeles y bienes frente a las cateos y confiscaciones sin fundamentos razonables, no debe ser violada…. . . “ No podría ser argumentado con razón –y de hecho, el recurrente no lo argumenta- , que la práctica de un test de sangre en este caso estuvo exenta de las restricciones de la 4° Enmienda. Este tipo de exámenes y procedimientos llanamente constituyen cateos de “personas”, y dependen de la incautación de “personas” dentro del significado de esa Enmienda.-
Dado que estamos tratando con intrusiones dentro del cuerpo humano más que con interferencias del Estado en relaciones de propiedad o papeles privados –hogares, papeles y [384 U.S. 757, 768] bienes" – estamos escribiendo sobre tabula rasa. Limitaciones sobre la clase de bienes o propiedades que pueden ser confiscadas con una autorización judicial, 10 como hecho distinto a los procedimientos de cateo y del alcance permitido a esa cateo, 11 no nos iluminan en este contexto. Comenzamos con el supuesto de que una vez que la prerrogativa contra la declarar en contra de si mismo no fue encontrada como barrera para invasiones forzadas en el cuerpo para tomar muestras de sangre, la función propia de la 4° Enmienda es restringir, ya no contra todas las invasiones de este tipo, sino contra las intrusiones que no son justificadas por las circunstancias o que están hechas de una manera impropia. En otras palabras, la cuestión sobre la que debemos decidir en este caso es si la policía tenía razones para requerir al recurrente que se sometiera a la prueba de sangre y si los medios y procedimientos utilizados en la extracción respetaron los estándares de razonabilidad estipulados por la 4° Enmienda.-
En este caso, como sucederá a menudo cuando se presenten cargos de conducir en estado de ebriedad, estas cuestiones emergen en el contexto de un arresto llevado a cabo por un policía sin una orden judicial. Aquí el policía tuvo una causa muy probable para arrestar al recurrente por los cargos de conducir un automóvil bajo los efectos del alcohol . 12 El policía que llegó apenas había ocurrido el accidente [384 U.S. 757, 769] , olió alcohol en el aliento del recurrente, y en su testimonio dijo luego que los ojos del recurrente “estaban inyectados de sangre, acuosos y vidriosos”. El policía vio al recurrente de nuevo en el hospital, dos horas después del accidente. Allí volvió a notar los mismos síntomas de ebriedad. Y procedió entonces a informar al recurrente “que estaba bajo arresto y que tenía derecho a un abogado, y que podía permanecer en silencio y que cualquier cosa que dijera podía ser usada en su contra como prueba."
Mientras que casos anteriores sugieren que existe un irrestricto “derecho del Gobierno, siempre reconocido bajo las leyes inglesa y estadounidense, a registrar a la persona de un acusado legalmente arrestado para descubrir y tomar los frutos de la prueba del delito” Weeks v. United States, 232 U.S. 383, 392 ; el pueblo v. Chiagles, 237 N. Y. 193, 142 N. E. 583 (1923) (Cardozo, J.), el mero hecho de un arresto legal no agota nuestra indagación. Lo sugestivo de estos casos parece recaer en dos factores – primero, podría haber más peligro inmediato de armas escondidas o de destrucción de prueba en poder del acusado, United States v. Rabinowitz, 339 U.S. 56, 72 -73 (Frankfurter, J., en disenso); segundo, una vez que se permite revisar al acusado para constatar si está o no en posesión de armas, sería impráctico e innecesario procurar la aplicación de la 4° Enmienda con el solo objeto de limitar la búsqueda solamente a estos objetos. El pueblo v. Chiagles, 237 N. Y.,en 197-198, 142 N. E., en 584. Más allá de la validez de estas consideraciones en general, tienen poca aplicabilidad con respecto a los cateos que involucran intrusiones más allá de la superficie del cuerpo. Los intereses de [384 U.S. 757, 770] dignidad y privacidad de las personas que protege la 4° Enmienda, prohiben cualquiera de estas invasiones por la sola posibilidad de que se obtenga por ese medio prueba deseada. En ausencia de una clara indicación de que de hecho el cateo conducirá a la obtención de prueba, estos intereses humanos fundamentales requieren que los oficiales de justicia se expongan al riesgo de que esa prueba pueda desaparecer a menos que se realice un cateo inmediato.-
Aunque los hechos que establecieron la probable causa de arresto en este caso también sugirieron la relevancia, necesidad y probable éxito de un test de alcohol en sangre al recurrente, la cuestión que queda en pie es si el policía que llevó a cabo el arresto podía extraer esas inferencias por sí mismo o si necesitaba una orden judicial antes de pedir el test. Las órdenes de cateo son por lo general solicitadas para cateos en hogares y, sin que medie una emergencia, lo mismo debería requerirse en casos de intrusiones en el cuerpo humano. El requisito de cateo con orden judicial es un requisito de que las inferencias en que se basa el cateo “sean extraídas por un magistrado neutral y sin ataduras, y no por el juicio de un policía que participa en la a menudo competitiva empresa de esclarecer un delito”. Johnson v. United States, 333 U.S. 10, 13 -14; ver también Aguilar v. Texas, 378 U.S. 108, 110 -111.Es de gran e indiscutible importancia la existencia de decisiones informadas, neutrales y desinteresadas respecto de si se puede o no invadir el cuerpo de otro en busca de prueba de culpabilidad.-
El policía del caso que nos compete, de todos modos, podría razonablemente haber creído que estaba frente a una emergencia, el la cual las dilaciones necesarias para obtener la orden judicial, en esas circunstancias amenazaban “la destrucción de pruebas”, Preston v. United States, 376 U.S. 364, 367 . Se sabe que el porcentaje de alcohol en el cuerpo comienza a disminuir apenas la ingesta de alcohol termina, puesto que el cuerpo trabaja para eliminarlo del sistema. En un caso como este en particular, en el cual hacía falta tiempo [384 U.S. 757, 771] para llevar al acusado al hospital e investigar la escena del crimen, no había tiempo para buscar a un juez y obtener la orden. Dados estos hechos especiales, nosotros concluimos que el intento de lograr pruebas sobre el alcohol en sangre constituye un fundamento apropiado para el arresto del recurrente.-
Del mismo modo, encontramos satisfactorio y razonable el test elegido para medir el nivel de alcohol en la sangre del recurrente. La extracción de muestras de sangre es un medio altamente efectivo para determinar el grado de intoxicación por alcohol de una persona.. Ver Breithaupt v. Abram, 352 U.S., at 436 , n. 3. Esta clase de tests son un estándard en estos días de exámenes físicos periódicos 13 y la experiencia enseña que la cantidad de sangre extraída es mínima, y que para la mayoría de la gente el procedimiento implica prácticamente ningún riesgo, trauma o dolor. El recurrente no pertenece a esa minoría que, ya sea por miedo, preocupación por su salud o motivos religiosos, podría preferir otros medios de examen, como el "breathalyzer" o test de aliento, que el recurrente rechazó, ver n. 9, supra. No necesitamos decidir sobre si esos deseos deberían haber sido respetados. 14
Finalmente, existen pruebas de que el test fue llevado a cabo de una manera razonable. La extracción de sangre la realizó un medico en un hospital y de acuerdo a normas médicas corrientes. De manera que no se nos presentan las serias consideraciones que podrían surgir de haber existido un cateo que implicara técnicas médicas -incluso de las más rudimentarias- [384 U.S. 757, 772] que hubieran sido aplicadas por personas sin calificación médica –por ejemplo, si hubieran sido aplicadas por la policía en la privacidad de una comisaría. Aceptar cateos bajo estas condiciones podría constituir una invitación a cobijar elementos injustificados de riesgo personal de infección y dolor.-
Así concluimos que este expediente no demuestra violación alguna del derecho del recurrente bajo las 4°y 14° Enmiendas a no ser objeto de cateos y capturas carentes de razonabilidad. Vale remarcar, sin embargo, que llegamos a esta conclusión sólo sobre la base de los hechos de este expediente. La integridad personal del individuo es un valor atesorado por la sociedad. Que hoy sostengamos que la Constitución no prohíbe a los Estados llevar a cabo invasiones menores en el cuerpo de un individuo bajo condiciones estrictamente limitadas, no indica de modo alguno que ella permita intrusiones más sustanciales o bajo otras condiciones.-
Ratificado
Notas al pie
[ 1 ] El Código Automovilístico de California 23102 (a) estipula, en secciones pertinentes, que “es ilegal que cualquier persona bajo la influencia del alcohol ...conduzca un vehículo en cualquier autopista...”. La infracción a esta norma constituye un.misdemeanor delito menor)
[ 2 ] El recurrente y un acompañante habían estado bebiendo en el bar de un complejo de bowling. La prueba demostró que el recurrente conducía desde el bowling alrededor de la medianoche del 12 de noviembre de 1964, cuando el automóvil patinó, cruzó el camino e impactó contra un árbol. Tanto el recurrente como su acompañante resultaron heridos y fueron llevados a un hospital para ser atendidos.-
[ 3 ] Esta fue el fallo de la corte más alta del estado en esta causa, dado que se denegó el acceso a la Corte de Apelaciones Distrital de California., 314 U.S. 160 .-
[ 4 ] “No vemos que haya diferencia alguna en que uno asevere inequívocamente que objeta o recurre a violencia física en protesta o que se encuentra incapaz de protestar." Breithaupt v. Abram, 352 U.S., at 441 (WARREN, C. J., en disidencia). Sería diferente si la policía hubiera iniciado la violencia o se hubiera negado a respetar un pedido razonable de ser sometido a otro tipo de análisis, o si hubiera respondido a la resistencia con fuerza desproporcionad. Comparar con la argumentación en Parte IV, infra.-
[ 5 ] Un disenso sugiere que el informe del análisis de sangre fue “testimonial” o “comunicativo”, dado que se llevó a cabo el análisis con vistas a obtener testimonio de terceros, para comunicar al jurado datos referentes a la condición del recurrente. Desde luego, toda prueba en la corte resulta “testimonial” o “comunicativa” si se da esta acepción a las palabras. Pero la 5° Enmienda es aplicable únicamente a actos de la persona a quien se confiere el privilegio, y usamos estas palabras con las mismas limitaciones. Asentir o negar con la cabeza es tan “testimonial” o “comunicativo” en este sentido como si emplearan palabras. Pero tal como utilizamos los términos, no se refieren a prueba o actos de naturaleza no comunicativa para la persona que ejerce el privilegio, a pesar de que –como aquí- estos actos son obligados para la obtención de testimonio de terceros.-
[ 6 ] Muchas constituciones de estado, incluidas las de los de la Colonia original, definen el privilegio en términos de coaccionar a una persona a dar “prueba” en su contra. Pero nuestro fallo no puede girar en torno al uso dado en la 5° Enmienda a la palabra “testigo”. Dado que según [384 U.S. 757, 762] el propósito manifiesto de las disposiciones constitucionales, tanto de los estados como de los Estados Unidos, es prohibir la coacción de testimonio declarando en contra de si mismo de una parte o testigo, la construcción liberal que debe hacerse de las disposiciones constitucionales para la protección de los derechos humanos parecería requerir que las garantías constitucionales, aún si están redactadas en forma diferente, tengan en la medida de lo posible la misma interpretación... Counselman v. Hitchcock, 142 U.S. 547, 584 -585. 8 Wigmore, Evidence (Prueba) 2252 (McNaughton rev. 19 61).-
[ 7 ] Comparar con la visión de Wigmore de que “la prerrogativa está limitada a declaraciones testimoniales. Apuntaba a la utilización del proceso legal para extraer de los propios labios de la persona una admisión de culpabilidad, que así podría tomar el lugar de otra prueba” (Wigmore, Evidence (Prueba) 2263 (McNaughton rev. 1961). California adoptó la formulación de Wigmore en el Pueblo v. Trujillo, 32 Cal. 2d 105, 194 P.2d 681 (1948);en lo que concierne específicamente a las pruebas de sangre, ver el Pueblo v. Haeussler, 41 Cal. 2d 252, 260 P.2d 8 (1953); el Pueblo v. Duroncelay, 48 Cal. 2d 766, 312 P.2d 690 (1957). Nuestra sentencia hoy, de todos modos, no debe ser entendida como tributaria de Wigmore.-
[ 8 ] Los casos están compendiados en (Wigmore, Evidence (Prueba) 2265 (McNaughton rev. 1961). Ver también Estados Unidos v. Chibbaro, 361 F.2d 365 (C. A. 3d Cir. 1966); el Pueblo v. Graves, 64 Cal. 2d 208, - , 411 P.2d 114, 116 (1966); Weintraub, Identificación de voz, muestras caligráficas y la prerrogativa contra la declarar en contra de si mismo (Voice Identification, Writing Exemplars and the Privilege Against Self-Incrimination), 10 Vand. L. Rev. 485 (1957).-
[ 9 ] Esta conclusión no necesariamente habría regido si el Estado hubiera tratado de demostrar que el acusado se había declarado contra si mismo cuando se le dijo que debía ser sometido a un análisis. Prueba incriminatoria de esta naturaleza puede ser el corolario ineludible de la obligación de hacerse el análisis, especialmente para un individuo que teme a la extracción o que se opone por motivos religiosos. Si el Estado pretende obligar a las personas a someterse a estos intentos de descubrir prueba, deberá prescindir de la ventaja de cualquier producto testimonial de aplicar el análisis, productos que caerían dentro de la prerrogativa. Más aún, podría haber circunstancias en las que el dolor, el peligro o la severidad de un operación tendrían el efecto casi inevitable de que la persona prefiriese confesar antes que someterse al “análisis “, y nada de lo que digamos hoy deberá interpretarse como el reconocimiento de la permisividad de coacción en tales casos. Pero no nos encontramos ante un caso de estas características. Ver texto en N° 13 infra.-
El recurrente adujo una cuestión similar en este caso, en conexión con un pedido de la policía de que él se sometiera a un test de aliento (“breathalyzer") para medir el contenido de alcohol en el aire expelido por sus pulmones. Él rechazó el pedido y la prueba de su negativa fue admitida como prueba sin objeción. El recurrente argumenta que la introducción de esta prueba y un comentario por parte del fiscal en su alegato final sobre esta negativa [384 U.S. 757, 766] constituyen fundamento para revertir la sentencia, de acuerdo con el caso Griffin v. California, 380 U.S. 609 . Consideramos que los principios de la 5° Enmienda, más que la sentencia particular de Griffin, sería la aplicable en estas circunstancias, ver Miranda v. Arizona, ante, en 468, n. 37. Dado que el juicio tuvo lugar luego de nuestra decisión en Malloy v. Hogan, supra, volviendo esos principios aplicables a los estados, consideramos que lo que propone el recurrente queda excluido por el hecho de que no pudo objetar con estos fundamentos las preguntas y aserciones del fiscal.-
[ 10 ] Ver, por ejemplo, Gouled v. Estados Unidos, 255 U.S. 298 ; Boyd v. Estados Unidos, 116 U.S. 616 ; contra, el Pueblo v. Thayer, 63 Cal. 2d 635, 408 P.2d 108 (1965); el Estado v. Bisaccia, 45 N. J. 504, 213 A. 2d 185 (1965);Tomar en cuenta “Búsqueda de pruebas: la regla y la razón” ( Evidentiary Searches: The Rule and the Reason), 54 Geo. L. J. 593 (1966).-
[ 11 ] Ver, por ejemplo, Silverman v. Estados Unidos, 365 U.S. 505 ; Abel v. Estados Unidos, 362 U.S. 217, 235 ; Estados Unidos v. Rabinowitz, 339 U.S. 56 .-
[ 12 ] La ley de California autoriza a un oficial de paz a efectuar un arresto “sin orden judicial ... cuando él tiene motivos razonables para suponer que la persona que será arrestada ha cometido un delito, haya o no sido cometido este delito”, Código Penal de California 836.3. A pesar de que el recurrente fue enjuiciado finalmente por un delito menor [384 U.S. 757, 769], era sujeto a juicio por el delito, debido a que el acompañante en su vehículo sufrió heridas en el accidente, que aparentemente fue el producto de violaciones a las leyes de tránsito. Código Automovilístico de California Cal. Vehicle Code 23101. La prueba de motivo probable que rige en California sigue el modelo federal. El Pueblo v. Cockrell, 63 Cal. 2d 659, 408 P.2d 116 (1965).-
[ 13 ] "El método de test de sangre se ha vuelto rutinario en nuestra vida cotidiana. Es común para aquellos que ingresan al servicio militar al igual que para quienes solicitan una licencia de matrimonio. Muchas universidades exigen estos análisis para el ingreso y literalmente milliones de nosotros hemos pasado voluntariamente procedimientos aún más largos para ser donantes de sangre" Breithaupt v. Abram, 352 U.S., at 436 .-
[ 14 ] Ver Karst, “Asuntos legislativos en litigio constitucional” (Legislative Facts in Constitutional Litigation), 1960 Sup. Ct. Rev. 75, 883.-
JUEZ HARLAN, a quien se suma el JUEZ STEWART, en coincidencia.-
Al suscribir al fallo de esta Corte deseo agregar el siguiente comentario. Concuerdo con esta Corte en que la extracción de sangre no constituye coacción testimonial, y querría ir más lejos y agregar que –más allá de esta consideración- el caso no trae a colación la 5° Enmienda en modo alguno. Ver mi fallo en disidencia y la del Juez WHITE en Miranda v. Arizona, ante, pp. 504, 526.-
MR. CHIEF JUSTICE WARREN, ( Juez Principal) en disidencia.-
Si bien existen otros principios constitucionales importantes en este caso, considero suficiente reiterar mi fallo en disidencia en Breithaupt v. Abram, 352 U.S. 432, 440 , como fundamento para revocar esta condena. [384 U.S. 757, 773]
JUEZ BLACK, a quien se suma el JUEZ DOUGLAS, en disidencia.-
Yo revocaría la condena del recurrente. Concuerdo con la Corte en que se aplique a los Estados la disposición de la 5° Enmienda que indica que “Ninguna persona... será coaccionada en una causa penal a atestiguar contra sí mismo...”. Pero estoy en desacuerdo con la sentencia de la Corte respecto de que el estado de California no violó el derecho constitucional del recurrente contra la declarar en contra de si mismo cuando lo obligó, contra su voluntad, a permitir que un médico perforara su vena para extraer una muestra de sangre, analizar su contenido de alcohol, y luego utilizó dicho análisis como prueba para condenar al recurrente de un delito.-
La Corte admite que “el Estado lo (al recurrente) obligó a someterse a un intento de descubrir prueba (en su sangre) que podía ser (y fue) utilizada para procesarlo por un delito penal”. Llegar a la conclusión de que obligar a una persona a dar sangre para ayudar al Estado a condenarlo no es equivalente a obligarlo a atestiguar contra sí mismo, me resulta una hazaña extraordinaria. La Corte, sin embargo, supera lo que a mí me parecía un obstáculo insuperable para su conclusión al dictaminar que
“…la prerrogativa protege al acusado únicamente de ser obligado a atestiguar en contra de sí mismo, o –de otra forma- de proveer al Estado de prueba de naturaleza testimonial o comunicativa, y la extracción de sangre y el uso de la muestra en cuestión en este caso no implica coacción a esos fines” (Se omite la nota al pie.”
No estoy de acuerdo en que esta distinción y razonamiento justifiquen que la Corte prive al recurrente de su garantía de la Bill of Rights a no ser obligado a atestiguar contra sí mismo. [384 U.S. 757, 774]
En primer lugar me parece que la extracción por la fuerza de la sangre del recurrente para análisis, con el objeto de que quien la analizara diera luego prueba que lo condenara es de naturaleza tanto “testimonial” como “comunicativa”. El único propósito de este proyecto que resultó exitoso fue el de obtener el “testimonio”de alguien que demostraba que el recurrente tenía alcohol en sangre al momento de ser arrestado. Y el propósito del proyecto era ciertamente “comunicativo” en la medida que el análisis de la sangre proveyó información que permitió a un testigo comunicar a la Corte y al jurado que el recurrente estaba más o menos borracho.-
Creo desafortunado que la Corte descanse tanto en las palabras “testimonial” y “comunicativo” para su limitadísima lectura de la prerrogativa contra la declarar en contra de si mismo de la 5° Enmienda. Estas palabras no son un modelo de claridad y precisión, como lo demuestra la explicación algo laboriosa de la Corte. Tampoco, hasta donde yo sé, puede la Corte encontrar precedente en anteriores dictámenes de esta Corte para usar estas palabras particulares con el fin de limitar el campo de protección de la 5° Enmienda. Existe, sin embargo, precedente erudito en el tratado sobre prueba del fallecido Profesor Wigmore. Él utilizó la palabra “testimonial” que, de acuerdo con la última edición de su tratado revisada por McNaughton,significa “comunicativo” (Wigmore, Evidence (Prueba) 2263 (McNaughton rev. 1961), p. 378), como una palabra clave en su extensa y vigorosa campaña para mantener la prerrogativa contra la declarar en contra de si mismo “dentro de los más estrictos límites posibles”. (Wigmore, Evidence (Prueba) 2251 (3d ed. 1940), p. 318. So bien mi admiración por la erudición del Profesor Wigmore es profunda, lamento ver la palabra utilizada por él para limitar la protección de la 5° Enmienda, jugando un papel tan prominente en cualquiera de las sentencias de esta Corte.-
Estoy satisfecho con que la Corte misma se niegue a seguir lo insinuado por Wigmore respecto que la 5° Enmienda [384 U.S. 757, 775] no tiene más alcance que el de impedir el uso de declaraciones en contra de si mismo “de boca propia de la persona”, obtenidas por la fuerza. La Corte concede –como debe hacerlo, mientras rija Boyd v. Estados Unidos, 116 U.S. 616 , que la 5° Enmienda impide a un Estado que obligue a una persona a presentar documentos en su poder que puedan tender a incriminarla. Es una extraña jerarquía de valores la que permite a un Estado extraer sangre a un ser humano para condenarlo de un delito como resultado del contenido de su sangre pero prohibe la obligación a que éste presente documentos sin vida. Sin duda debe haber pocos documentos que tengan más valor “testimonial” para condenar a un hombre por conducir en estado de ebriedad que el análisis del contenido alcohólico de la sangre de un ser humano presentado como prueba en un juicio por conducir bajo la influencia del alcohol. En esta situación la sangre, por supuesto, no constituye testimonio oral del acusado pero ciertamente puede “comunicar” a la Corte y al jurado el hecho de culpabilidad.-
La Corte misma, en la página 764, expresa sus propias dudas –si no son temores- de la borrosa distinción que hace entre hacer obligatoria “prueba física”, como la sangre, que –sostiene- no constituye declarar en contra de si mismo, forzada, y “obtener respuestas esencialmente testimoniales”. Y como explicación de sus temores la Corte advierte que
“Obligar a alguien a someterse a análisis (por ejemplo con detector de mentiras) mediante las cuales se hará el intento de determinar su culpabilidad o inocencia sobre la base de respuestas psicológicas, sean o no éstas voluntarias, es evocar el espíritu y la historia de la 5° Enmienda. Situaciones como ésta traen a colación el principio de que la protección de la prerrogativa “es tan amplia como el daño contra el cual pretende resguardar” Counselman v. Hitchcock, 142 U.S. 547, 562 ."
Un error básico en la sentencia de la Corte y su fallo es que no logra conferir a la protección contra declarar en contra de si mismo forzada de la 5° Enmienda, la amplia y liberal acepción que Counselman y otros fallos de esta Corte han declarado que debería tener.-
La acepción liberal otorgada a la garantía de la Bill of Rights en Boyd v. Estados Unidos, supra, que fue severamente criticada por el Profesor Wigmore, ver (Wigmore, Evidence, 2264 (3d ed. 1940), pp. 366-373, hace de ese dictamen uno de los más grandes dictámenes constitucionales de esta Corte. En ese caso, en 634-635, todos los miembros de la Corte dictaminaron que las demandas civiles por multas y confiscaciones incurridas por la comisión de delitos contra la ley,
“... entran dentro de la racionalidad de procedimientos penales a los fines de ... esa porción de 5° Enmienda que declara que ninguna persona será obligada en causa criminal alguna a atestiguar contra sí misma;; ... dentro del significado de la 5° Enmienda de la Constitución...” *
Evidentemente la interpretación de la Corte no se ve del todo apoyada por el lenguaje literal de la 5° Enmienda. Al reconocer este hecho, la Corte anunció una regla de interpretación constitucional que generalmente ha sido observada desde entonces, particularmente a la hora de hacer construcciones jurídicas de las garantías de la Bill of Rights:
“Una construcción ceñida y literal [de las disposiciones constitucionales para la seguridad de las personas y su propiedad] las priva de la mitad de su eficacia, y conduce a una depreciación progresiva del derecho, como si consistiera más en forma que en sustancia. Es deber de la Justicia velar por los derechos constitucionales del ciudadano, y estar atenta a cualquier invasión paulatina de los mismos [384 U.S. 757, 777].” Boyd v. Estados Unidos, supra, en 635.-
La Corte luego opinó, en 637, que requerir “a un propietario que presente sus documentos y contabilidad privados, para probar que ha violado las leyes, y así determinar la confiscación de su propiedad, es ciertamente obligarlo a proveer prueba en contra de sí mismo”
La Corte hoy se aleja de las lecciones de Boyd. El recurrente Schmerber sin duda ha sido obligado a dar sangre “ para proveer pruebas en contra de sí mismo”, sin embargo la Corte sostiene que esto no lo prohíbe la 5° Enmienda. Con toda deferencia debo decir que aquí la Corte hace una interpretación de la salvaguarda contra declarar en contra de si mismo forzada de la Bill of Rights, que sería considerada generalmente demasiado limitada y técnica incluso en la interpretación de un contrato comercial común.-
Aparentemente la Corte, por algún motivo que no logro comprender, encuentra cierto consuelo por su interpretación limitada de la 5° Enmienda en el fallo de esta Corte en Miranda v. Arizona, ante, p. 436. No encuentro nada en el fallo de la mayoría en esa causa que apoye de forma directa o indirecta el fallo en esta causa. De hecho, creo que la filosofía constitucional interpretativa utilizada en Miranda, a diferencia de la utilizada en esta causa, otorga a la prohibición de declarar en contra de si mismo forzada de la 5° Enmienda una lectura amplia y liberal, en línea con las sanas advertencias del caso Boyd. La última oración en la sección sobre la 5° Enmienda del fallo de la Corte en el caso actual es suficiente por sí sola, creo, para exhibir la falta de solidez de lo que sostiene aquí la Corte. Esa oración dice:
“Dado que la prueba del análisis de sangres, si bien un resultado incriminatorio del uso de fuerza, no constituyó testimonio del recurrente ni prueba relacionada con un acto comunicativo o escrito del recurrente,no resultó inadmisible sobre la base de la prerrogativa.” [384 U.S. 757, 778]
¿Cómo puede razonablemente dudar que la prueba del análisis de sangre no era en todo respecto equivalente a “testimonio” obtenido del recurrente cuando el resultado del análisis fue luego ofrecido como testimonio, considerado por el jurado como testimonio, y cuando el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado descansa en parte en ese testimonio? El razonamiento refinado y sutil acto de equilibrio utilizado aquí para limitar el alcance de la salvaguarda de la Bill of Rights contra la declarar en contra de si mismo forzada brinda un instrumento útil para continuar limitando esa protección constitucional, al igual que otras, en el futuro. Al acompañar la creencia de los Artífices (sic) de que estas salvaguardas constitucionales –en una interpretación amplia por parte de tribunales de justicia independientes- constituyen nuestra mayor esperanza de mantener a nuestro pueblo libre de opresión del gobierno, lamento profundamente la sentencia de la Corte. Por las razones ya mencionadas tanto como por aquellas delineadas en los fallos en coincidencia de los Jueces BLACK y DOUGLAS en Rochin v. California, 342 U.S. 165, 174 , 177, y mi propio fallo en coincidencia en Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 661 , así como los fallos en disidencia en in Breithaupt v. Abram, 352 U.S. 432, 440 , 442, disiento del fallo y sentencia de la Corte en esta causa.-
[ Nota al pie *] Una mayoría de la Corte aplicó la misma interpretación constitucional a las disposiciones de allanamiento de la 4° Enmienda sobre el desacuerdo del Juez Miller, acompañado del Chief Justice Waite.-
JUEZ DOUGLAS, en disidencia.-
Adhiero a la opinión de CHIEF JUSTICE en Breithaupt v. Abram, 352 U.S. 432, 440 y agrego a las consideraciones que presenté en mi fallo en disidencia ese caso (id., 442) solamente una palabra.-
Estamos tratando con el derecho a la intimidad que, desde el caso Breithaupt, hemos sostenido que se encuentra dentro de una penumbra de algunas garantías específicas de la Bill of Rights. Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 . Así, la 5° Enmienda delimita una “zona de intimidad” a la que el gobierno no puede obligar a una persona a renunciar. Id., 484. Del mismo modo la 4° Enmienda reconoce ese derecho cuando garantiza el derecho del pueblo a la [384 U.S. 757, 779] seguridad “en su persona”. Ibid. No se puede imaginar una invasión de este derecho a la intimida , más clara que la extracción de sangre por la fuerza involucrada aquí.-
JUEZ FORTAS, en disidencia.//-
Yo revocaría. En mi opinión, es aplicable la prerrogativa del recurrente contra la declarar en contra de si mismo. Agregaría que, bajo la Due Process Clause (Cláusula de Proceso Debido),el Estado, en su rol de fiscal, no tiene derecho a extraer sangre de un acusado o de ninguna otra persona, frente a su protesta y objeción. Como acusador público, el Estado no tiene derecho a cometer violencia de tipo alguno contra la persona, ni de utilizar los resultados de semejante daño, y la extracción de sangre –frente a protesta- es un acto de violencia. Cf. El fallo en disidencia de CHIEF JUSTICE WARREN en Breithaupt v. Abram, 352 U.S. 432, 440 . [384 U.S. 757, 780]