Se encuentra usted aquí

NOTA DE OPINION - Por Juan Carlos Guerra - (Chubut) - La continuidad de la función pública y la discontinuidad de los funcionarios

Fecha: 
Jueves, 14 Junio, 2012
Medio: 
El Chubut
Contenido: 

La continuidad de la función pública y la discontinuidad de los funcionarios - Por Juan Carlos Guerra - Creo que todos y cada uno de los habitantes de una comunidad, chica o grande, o de un país, queremos una evolución que favorezca y asegure una mejor calidad de vida.
 
Para ello hemos elegido un sistema de gobierno constituido por tres poderes independientes entre sí, Legislativo, Judicial y Ejecutivo, pero que no quiere decir que no estén interrelacionados.
En definitiva el pueblo es el contenedor de la soberanía, quien nombra y remueve a sus mandatarios o funcionarios gubernamentales. El funcionario es el necesario ingrediente para que en sus respectivas competencias, legislen, juzguen y gobiernen mediante sus respectivos instrumentos de ejercicio del poder: la ley, la sentencia y el decreto.
Sucede, no obstante, que los funcionarios olvidan su carácter transitorio y personalizan la función olvidando que la función pública está ligada a la Nación, la Provincia o los Municipios, que tienen carácter permanente, mientras ellos no tienen esa calidad.
Esta introducción sirve para referirme a una serie de actos donde se desmerece las funciones prestadas por otros funcionarios en mandatos, ejercicios u oportunidades anteriores, cuando en realidad se debería sostener una coherencia y continuidad entre los actos públicos pasados, los presentes y futuros.
Yo no pertenezco a ningún partido. Soy independiente. Y ello me permite emitir opiniones imparciales. Por ello puedo aseverar que no soy «Dasnevista» ni «Buzzista». Pese a que comprometí mi voto afirmativo en el supuesto de que el Sr. Mario Das Neves se presentara como candidato a la Presidencia de la Nación, por su calidad de chubutense, extremo que no cumplió.
Días pasados se inauguró el asfalto de acceso a la localidad de Cholila, una obra que se proyectó y ejecutó (total o parcialmente) durante el mandato del Gobernador Mario Das Neves. Pese a ello no fue invitado al acto (o no concurrió, en cuyo caso sería peor) que fue incluido dentro de una teleconferencia con la Sra. Presidente de la Nación. Esa actitud lesionó el carácter continuo de la función pública.
Otro caso actual lo constituye el acuerdo que no me atrevo a calificar como tal ya que se trata del cumplimiento de una sentencia, tal como se repite en el desarrollo del mismo.
En el acto estaba presente el Sr. Gobernador, el Sr. Ministro de Gobierno y el Sr. Fiscal de Estado. Omito los nombres intencionalmente para destacar la continuidad de la función pública sin importar la persona circunstancial que la ejerce.
No es mi intención analizar el acuerdo que se califica en el instrumento de «transaccional» o «acuerdo conciliatorio» cuando en realidad dichos institutos son medios anormales de terminación del proceso (arts. 308 y 309 CPCC) que no se corresponden con el instrumento suscripto con la parte actora «Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales del Chubut» (como reza la carátula del expediente) que afirma se trata del cumplimiento de los fallos judiciales dictados en primera y segunda instancia (cláusula segunda y tercera) .
La sentencia firme es el medio normal de terminación de un proceso.
En este caso se decidió la Provincia omitir el recurso ante la Corte Suprema de la Nación y consentir los fallos aludidos.
¿Dónde está la contradicción o incoherencia de la Provincia del Chubut, que fue la persona demandada? El señor Fiscal de Estado en ejercicio en el momento de contestar la demanda afirmó, según reseña del Sr. Juez de Primera Instancia en su sentencia, «que es el Superior Tribunal de Justicia quien posee la «atribución» de fijar las retribuciones de los magistrados y funcionarios que integran el Poder Judicial. Por ello el Poder Ejecutivo no podrá, sin violar la Constitución y la ley 5.907, cumplir la sentencia de condena. Pondera que el Ejecutivo estaría cargando sobre sus espaldas violar la ley, e incurrir en la invasión de las atribuciones de otro Poder de Estado e incluso violar normas penales».
Ese argumento lo hizo el Fiscal de Estado en esta causa y hoy el Fiscal de Estado convalida el acto de acuerdo a lo que anteriormente en juicio calificó de violación de la Constitución, de la ley 5.907 e inclusive normas penales. ¿Se nota la contradicción e incoherencia de ambos actos?
Y hay más. El Fiscal de Estado demandó a la Nación por diferencia en la liquidación de las regalías petroleras por 50 millones de dólares americanos. Luego el Fiscal de Estado demandó a la Nación por el mismo concepto elevando la suma reclamada a Mil (1.000) millones de dólares americanos. Y en el presente el Fiscal de Estado afirma por los medios periodísticos que esos juicios se perderán y que corresponde desistir. ¿Se nota la contradicción e incoherencia de ambos actos?
Esta opinión personal ya la desarrollé en un artículo publicado por este Diario El Chubut en su edición del 14 de octubre de 2005 bajo el título «La continuidad en el ejercicio de la función pública» donde decía «Olvidan los funcionarios públicos que son transitorios en el ejercicio de la función y que lo estable y permanente es el pueblo administrado y la función encargada al Estado por exceder las posibilidades del individuo»
En el segundo y tercer caso analizados en el presente adquiere mayor gravedad la falencia denunciada desde el momento que las personas que cumplieron las función de Fiscal de Estado representando judicialmente a la Provincia, sea como demandada o como actora, siguen cumpliendo funciones públicas en el presente en otros ámbitos permaneciendo en los respectivos cargos actuales sin realizar ningún argumento de defensa de su ejercicio de Fiscal de Estado hoy duramente criticados.
Yo me pregunto: ¿Quién tiene razón y quién tiene responsabilidad por sus actos? ¿Los que ejercieron la Fiscalía de Estado que hoy son desmerecidos o el que la ejerce en la actualidad?
Evidentemente que la Provincia tendrá perjuicios. Sea porque tendrá que pagar honorarios o porque renuncia a un crédito litigioso por mil millones de dólares o porque se violaron normas constitucionales, administrativas y penales.
Pero nunca habrá funcionarios condenados como responsables de la contradicción y de la incoherencia.

Indice de artículos: