Jurisprudencia
Al contar con "una información" de que el recurrente traficaba narcóticos, tres oficiales del estado entraron en su casa e irrumpieron en el dormitorio ocupado por el recurrente y su esposa. Al preguntársele por dos cápsulas que estaban sobre la mesa de luz, el recurrente se las metió en la boca. Luego de una lucha infructuosa por quitárselas por la fuerza, los oficiales condujeron al recurrente a un hospital, donde se le introdujo un emético en el estómago contra su voluntad. El recurrente vomitó dos cápsulas que contenían morfina. Las cápsulas fueron aceptadas como prueba a pesar de su objeción, y se lo condenó en un juzgado de primera instancia por violación de una ley estatal que prohibía la tenencia de morfina.- "Rochin v. California" - N°. 83 - Corte Suprema de Los Estados Unidos - 2 de enero, 1952.-
Sentencia:
La condena fue revocada, porque fue el resultado de métodos violatorios de la Cláusula de Procedimiento Debido bajo la 14° Enmienda. Pp. 166-174.-
101 Cal. App. 2d 140, 225 P.2d 1, revocado.-
En una corte de California, el recurrente fue condenado por violar una ley estatal que prohibía la posesión de morfina. La corte de segunda instancia convalidó. 101 Cal. App. 2d 140, 225 P.2d 1. La Corte Suprema denegó una revisión. Este tribunal otorgó un auto de avocación. 341 U.S. 939 . Revocado, p. 174.-
Dolly Lee Butler y A. L. Wirin llevaron la causa y presentaron un escrito en representación del recurrente.-
Howard S. Goldin, Vice Fiscal General de California, llevó la causa en representación del demandado. Lo asistieron en la causa Edmund G. Brown, Fiscal General, Clarence A. Linn, Fiscal General Asistente, y Frank W. Richards, Fiscal General.-
Fred Okrand, A. L. Wirin, Edward J. Ennis, Morris L. Ernst, Osmond K. Fraenkel, Arthur Garfield Hays, Herbert M. Levy y Clore Warne presentaron un escrito por la Unión Estdounidense de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union), a título de amicus curiae, promoviendo la revocación. [342 U.S. 165, 166]
Texto completo
El Juez FRANKFURTER pronunció el fallo de la Corte.//-
Contando con “una información respecto de que [el recurrente aquí presente] vendía narcóticos, tres sub-comisarios del condado de Los Angeles se dirigieron, en la mañana del primero de julio de 1949, a la vivienda de dos plantas que ocupaba Rochin junto con su madre, su pareja, y sus hermanos. Al encontrar abierta la puerta de calle, ingresaron y luego forzaron la puerta de la habitación de Rochin en la segunda planta. En el interior, se encontraron con Rochin sentado a medio vestir en la cama en la que yacía su mujer. En una “mesita de luz” junto a la cama los sub-comisarios divisaron dos cápsulas. Ante la pregunta “¿Esto a quién pertenece?”, Rochin agarró las cápsulas y se las llevó a la boca. Siguió una trifulca, en la que los tres sub-comisarios “se le tiraron encima” en el intento de extraer las cápsulas. La fuerza que aplicaron resultó ineficaz frente a la resistencia de Rochin. Éste fue esposado y llevado a un hospital. Por indicación de uno de los sub-comisarios un médico introdujo una solución emética en el estómago de Rochin contra su voluntad. Este “lavado de estómago” resultó en vómitos. Dentro de la materia vomitada se encontraron dos cápsulas que resultaron tener morfina.-
Rochin fue juzgado ante la Corte Superior de California, sin jurado, por el cargo de posesión de “una preparación de morfina” en contravención del Código de Salud y Seguridad de California, 1974, 11.500. Se lo encontró culpable y fue sentenciado a sesenta días de prisión. La principal prueba en su contra eran las dos cápsulas. Éstas fueron admitidas sobre la objeción del recurrente, a pesar de que el medio por el cual fueron obtenidas fuera narrado con franqueza por uno de los sub-comisarios, tal como se ha descripto aquí.-
En la instancia de apelación la Corte de Apelación del Distrito convalidó la condena, a pesar de dictaminar que los oficiales a cargo “habían [342 U.S. 165, 167] ingresado por la fuerza en forma ilegal en la habitación del recurrente, habían maltratado, castigado y torturado al recurrente en forma ilegal dentro de su dormitorio y eran culpables de arrestarlo y encarcelarlo falsamente en el supuesto hospital”.101 Cal. App. 2d 140, 143, 225 P.2d 1, 3. Uno de los tres jueces, si bien determinó que “el expediente de esta causa da muestra de una serie de violaciones de derechos constitucionales escandalizadora”, falló en coincidencia solamente porque se sentía obligado por los fallos de su Corte Suprema. Éstos, afirmó, “han sido tomados por oficiales de la ley como un aliciente, si no como una invitación, a cometer tales actos ilegales”. Ibid. La Corte Suprema de California denegó sin dictamen el pedido de audiencia de Rochin.-
1 Dos Jueces de la Corte se pronunciaron en disidencia con esta negativa, y al hacerlo se expresaron de la siguiente manera ". . . una condena que se apoya en prueba de objetos incriminatorios obtenidos del cuerpo del acusado por medio de abuso físico es tan inválida como una condena que se apoya en una confesión verbal extraída por semejante abuso. .. Si la prueba le hubiera sido sonsacada en forma de confesión verbal en el sentido de que tenía posesión ilegal de droga... habría contado con la protección de la ley, que excluye confesiones bajo coacción de ser utilizados como elemento probatorio. Pero como la prueba forzada de su boca consistió en objetos reales al Pueblo de este estado se le permite fundar una condena en esa prueba. No () encontramos fundamento válido para distinguir entre confesión verbal extraída por medio de abuso físico y una confesión arrancada del cuerpo del acusado por medio de abuso físico.” 101 Cal. App. 2d 143, 149-150, 225 P.2d 913, 917-918. [342 U.S. 165, 168]
Esta Corte otorgó auto de avocación, 341 U.S. 939 , porque surge una seria cuestión respecto de las limitaciones que impone la Due Process Clause (Cláusula de Procedimiento Debido)) de la 14° Enmienda, en la conducción de procedimientos penales por parte de los Estados.-
En nuestro sistema federal la administración de justicia penal recae en forma predominante sobre los estados. El poder de definir delitos se le atribuye al Congreso Nacional solamente como medio apropiado de llevar a ejecución su otorgamiento limitado de facultades legislativas. Constitución de los E.E.U.U. Art. I, 8, cl. 18. En términos generales, los delitos en los Estados Unidos son lo que determinen las legislaciones estatales, sujeto a las limitaciones del Art. I, 10, cl. 1 de la Constitución original, que prohíbe leyes de condena por traición, y leyes ex post facto, y las 13° y 14° Enmiendas.-
Estas limitaciones, en su mayoría, no conciernen las facultades de los estados de definir un delito, con excepción del área restringida dentro de la que la autoridad federal tienen prioridad, sino que restringen el modo en que los estados deben implementar sus códigos penales. Por tanto, al revisar una condena penal por parte de un estado bajo un reclamo de derecho garantizado por la Cláusula de Procedimiento Debido de la 14° Enmienda, de la que se desprende el fundamento más frecuente y el más amplio de cuestionamiento de la justicia penal estatal. “debemos tener muy presentes las responsabilidades de los estados en la aplicación de las leyes penales, y ejercer con la debida humildad, nuestra función meramente negativa de someter las condenas de las cortes estatales al escrutinio cuidadoso que autoriza la Cláusula de Procedimiento Debido de la 14° Enmienda.” Malinski v. New York, 324 U.S. 401, 412 , 418. El procedimiento debido legal, “en sí mismo un producto de la historia” Jackman v. Rosenbaum Co., 260 U.S. 22, 31 , no debe convertirse en un dogma destructivo contra los estados en la administración de sus sistemas de justicia penal. [342 U.S. 165, 169]
Sin embargo, también esta Corte tiene su responsabilidad. La consideración que requiere la Due Process Clause, “impone sobre esta Corte –indefectiblemente- el ejercicio de criterio sobre el curso entero del procedimiento [resultante en una condena] con vistas a determinar si ofenden esos cánones de decencia y equidad que expresan las nociones de justicia de los pueblos anglo-parlantes, aun contra quienes están acusados de los crímenes más atroces”. Malinski v. Nueva York, supra, en 416-417. Estos estándares de justicia no están formulados de modo autorizado en ningún lugar específico. El debido procedimiento legal es una resumida garantía constitucional de respeto por aquellas inmunidades personales que, como el Juez Cardozo escribió dos veces para la Corte, están “tan enraizadas en las tradiciones y conciencia de nuestro pueblo como para ser consideradas fundamentales” Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97, 105 , o están "implícitas en el concepto de libertad ordenada”. Palko v. Connecticut, 302 E.E.U.U 319, 325 . 2
La función de la Corte en observar esta concepción establecida de la Cláusula de Procedimiento Debido no nos deja desprovistos de guías adecuadas para someter los procedimientos penales estatales a juicio constitucional. Al tratar no con la maquinaria del gobierno, sino con derechos humanos, la ausencia de exactitud formal, o falta de significado fijo, no resulta un atributo inusual ni siquiera lamentable, de las disposiciones constitucionales. Al ser símbolos, las palabras hablan sin glosario. Por un lado el glosario puede residir en el depósito de la historia, a través de la cual un término adquiere contenido técnico. Así, los requisitos de las 6° y 7° Enmiendas de juicio por jurado en las cortes federales [342 U.S. 165, 170] tienen un significado rígido. Ninguna modificación o acto del azar puede alterar el contenido del simbilo verbal de “jurado – un cuerpo de doce hombres que deben llegar a una conclusión unánime si el veredicto ha de ir en contra del acusado”. 3 Por otro lado, el glosario de algunos de los símbolos verbales de la Constitución no los dota de un contenido técnico fijo. Esto exige un continuo proceso de aplicación
Cuando el glosario no ha sido fijado, sino que es función del proceso de juicio, el juicio necesariamente va a resultar diferente en diferentes momentos históricos, y también va a resultar diferente en el mismo momento a través de diferentes jueces. Aun las disposiciones más específicas, como la garantía de libertad de expresión y la detallada protección en contra de investigaciones o cateos irrazonables, han inevitablemente dado lugar a divisiones tan agudas en esta Corte como la menos específica y más abarcativa de las libertades, la Due Process Clause.-
Los vagos contornos de la Due Process Clause no dejan a la deriva a los jueces. 4 No podemos recurrir a nuestras nociones meramente personales y privadas, haciendo caso omiso de los límites que ciñen a los jueces en su función judicial. A pesar de que el concepto de procedimiento debido legal no es definitivo ni fijo, estos límites provienen de consideraciones que están entramadas en la naturaleza misma de nuestro procedimiento jurídico. Ver Cardozo, [342 U.S. 165, 171] The Nature of the Judicial Process;; The Growth of the Law; The Paradoxes of Legal Science.(La Naturaleza del procedimiento jurídico; la evolución de la ley; las paradojas de las ciencias legales.) Estas son consideraciones que se encuentran profundamente enraizadas en la razón y en las tradiciones apremiantes de la profesión legal. La Due Process Clause confiere a esta Corte el deber de ejercer el criterio, dentro de los estrechos límites de la facultad judicial de revisar condenas estatales, sobre intereses de la sociedad que ejercen presión en sentidos opuestos.-
El procedimiento debido de la ley así concebido no es algo de lo cual mofarse como un recurso a resucitar el “derecho natural”. 5 Suponer que este ejercicio jurídico del criterio podría evitarse si se “congelara” el concepto de procedimiento debido de la ley en alguna etapa fija de tiempo o pensamiento es sugerir que el aspecto más importante de la adjudicación constitucional es una función para máquinas inanimadas y no para jueces, para quienes la independencia salvaguardada por el Artículo III de la Constitución fue diseñada y quienes presuntamente se guían por estándares de conducta jurídica establecidos. Ni siquiera la cibernética ha hecho todavía una aseveración semejantemente presuntuosa. La práctica de la imparcialidad requerida para lograr suficiente objetividad sin duda exige de los jueces el hábito de la auto-disciplina y la auto-crítica, la certeza de que los propios puntos de vista son discutibles y la tolerancia alerta hacia los puntos de vista que no se comparten. Pero [342 U.S. 165, 172] son éstos precisamente los presupuestos de nuestro procedimiento jurídico. Son éstas precisamente las cualidades que la sociedad tiene derecho a esperar de aquellos a quienes se les ha confiado las facultades jurídicas finales.-
Las restricciones sobre nuestra jurisdicción son auto-impuestas solamente en el sentido de que no hay una instancia inmediata de apelar nuestros fallos sin recurrir al impeachment (juicio político) o a la modificación de la Constitución. Pero esto no hace del procedimiento debido de la ley una cuestión de capricho. Las facultades de la Due Process Clause serán indefinidas y vagas, pero el mecanismo por el cual se las determina no es porfiado u obstinado. En cada caso, “el proceso debido de la ley” requiere una evaluación basada en una investigación desinteresada, emprendida en un espíritu científico, en un ordenamiento equilibrado de los hechos afirmados con exactitud y claridad, en la ponderación imparcial de afirmaciones contrarias entre sí, ver Hudson County Water Co. v. McCarter, 209 U.S. 349, 355 , en una sentencia que no es ad hoc o circunstancial sino debidamente atento a reconciliar las necesidades tanto de la continuidad como del cambio en una sociedad progresista.-
Al aplicar estas consideraciones generales a las circunstancias de la causa en cuestión, nos vemos obligados a concluir que el procedimiento por el cual se obtuvo esta condena hace más que ofender algún prurito quisquilloso o sentimentalismo privado acerca de combatir el delito con exceso de vigor. Esta es conducta que escandaliza la conciencia. Irrumpir en forma ilegal en la privacidad del recurrente, forcejear para abrirle la boca y extraer lo que contenía, la extracción por la fuerza de los contenidos de su estómago – esta manera de proceder por parte de agentes del gobierno para obtener prueba está inevitablemente destinada a ofender las sensibilidades más endurecidas. Son métodos demasiado cercanos al potro y torniquete medievales para permitir diferenciación constitucional.-
Hace largo rato que ha dejado de ser cierto que el proceso debido de la ley es indiferente a los medios por los cuales se obtienen pruebas por lo demás relevantes y creíbles. Esto no era cierto incluso antes de la serie de casos recientes que reforzó el principio constitucional por el cual los estados no pueden fundar sus condenas en [342 U.S. 165, 173] confesiones, sin importar lo verificadas que estén, que hayan sido obtenidas por coacción. Estos dictámenes no son excepciones arbitrarias al derecho comprehensivo de los estados de formular sus propios reglamentos para la prueba en juicios penales. No son un deporte en nuestro derecho constitucional sino la ampliación de un principio general. Son solamente instancias del requisito general de que los estados, en sus procesamientos, respeten ciertas decencias de la conducta civilizada. El proceso debido de la ley, como principio histórico y generativo, excluye la posibilidad de definir, y así restringir, aquellos estándares de conducta en forma más precisa que simplemente decir que las condenas no pueden producirse con métodos que ofendan “el sentido de justicia” ver la opinión de Mr. Chief Justice Hughes, al pronunciarse en representación de una Corte unánime en Brown v. Mississippi, 297 U.S. 278, 285 -286. Sería renegar de la responsabilidad que ha conferido el curso de la historia constitucional en esta Corte sostener que para condenar a un hombre la policía no puede extraer por la fuerza lo que está en su mente pero sí lo que está en su estómago.6
Intentar distinguir en este caso lo que los abogados llaman “evidencia real” de evidencia verbal, es ignorar las razones por las cuales se excluyen las confesiones arrancadas bajo coerción. El uso de confesiones verbales involuntarias en juicios estatales es constitucionalmente censurable no solo por su confiabilidad. Estas confesiones son inadmisibles bajo la cláusula de Debido Proceso incluso si en forma independiente se confirma que los hechos narrados en la declaración son veraces. Las confesiones bajo coerción ofenden el sentido de decencia y de juego limpio de la comunidad. Aquí, para castigar el accionar brutal que naturalmente fue condenado por la Corte cuya decisión esta ante Uds., habría que sacar la brutalidad del ropero de la ley. Nada [342 U.S. 165, 174] podría estar mejor calculado para desacreditar la ley y así brutalizar el carácter de una sociedad.-
Al fallar en este caso no cuestionamos las decisiones de muchos estados que tratan problemas esencialmente diferentes, pero aún así relacionados. (En la resolución de este caso no ponemos en duda desaprensivamente fallos en muchos Estados que atañen a problemas, aunque cercanos, esencialmente diferentes) Por esto, Aislamos casos originados en cortes estatales a través del uso de modernos métodos y sistemas para descubrir malhechores y y forzarlos a explicar sus actos. No es justo decir que estos fallos sugieren la legalización de la fuerza tan brutal y tan ofensiva para la dignidad humana en la obtención de prueba como la revelada por este registro o archivo. De hecho, la Corte Suprema de California no ha consentido este modo de alcanzar una sentencia. Todos los jueces que se expresaron en este caso condenaron la conducta con el lenguaje más severo.-
No dejamos de ser conscientes que podrían imaginarse situaciones hipotéticas, sombreado por las circunstancias de este caso, produciendo diferencias prácticas a pesar de la aparente extensión lógica Pero la Constitución “pretende preservar derechos prácticos y sustanciales, no sostener teorías." Davis v. Mills, 194 U.S. 451, 457.-
Sobre la base de los hechos de esta causa, la sentencia del recurrente ha sido alcanzada por métodos que violan la Due Process Clause. La sentencia debe ser revocada.-
Revocada.-
JUEZ MINTON no participó en esta causa ni en el fallo sobre esta causa.-
Notas al pie
[ 1 ] El pedido de audiencia es elevado a la consideración discrecional de la Suprema Corte de Justicia y una negativa tiene aparentemente el mismo significado que la negativa de otorgar auto da avocación en esta corte. Constitución de California, Art. VI, 4, 4c; "Rules on Appeal," Rules 28, 29, 36 Cal. 2d 24-25 (1951). See 3 Stan. L. Rev. 243-269 (1951).-
[ 2 ] Lo que aquí se resume fue considerado por la mayoría de la corte en Malinski v. New York, 324 U.S. 401, 412 y 438, como "los principios rectores sobre los cuales la corte revisa los fundamentos constitucionales de una sentencia de una corte estatal". Ellos han sido aplicados por esta corte muchas veces, tanto antes como desde el caso Malinski.-
[ 3 ] Este es el jurado federal exigido constitucionalmente, a pesar de que Inglaterra y al menos la mitad de los estados estadounidenses tienen en algunos casos civiles jurados compuestos por menos de 12 o cuyos veredictos pueden no resultar unánimes. Ver el Acta de Cortes de Condados, 1934, 24 & 25 Geo. V, c. 53, 93; Arizona State Legislative Bureau, Legislative Briefs No. 4, Grand and Petit Juries in the United States, v-vi (Feb. 15, 1940); The Council of State Governments, The Book of the States, 1950-1951, 515.-
[ 4 ] Las observaciones de Burke sobre los métodos de cómo los jueces determinan el contenido de la ley resultan pertinentes:
"Su comisión no ha identificado legislación positiva alguna que obligue a los jueces de las Cortes en Westminster hall a otorgar dictámenes con justificativo público en apoyo de sus sentencias sobre las cuestiones que se les presentan. Pero el curso ha prevalecido desde [342 U.S. 165, 171] tiempo inmemorial. Ha sido tan general y uniforme que debe ser considerado la ley de esta tierra.” Informe del Comité de Expertos (managers) sobre la causa de la duración del juicio al Sr. Hasting, 4 Discursos de Edmund Burke (1816) 200-201.-
Y Burke tenía una respuesta para quienes argumentan que la libertad del ciudadano no puede ser adecuadamente protegida por una concepción flexible del debido proceso:
". . . la jurisprudencia inglesa no tiene ningún otro basamento firme y, en consecuencia, tampoco las vidas y las propiedades de los súbditos, sino en las máximas, reglas y principios de la tradición jurídica de los fallos. . . ." Id., en 201.-
[ 5 ] Morris R. Cohen, "Jus Naturale Redivivum," 25 Philosophical Review 761 (1916), y "Natural Rights and Positive Law," Reason and Nature (1931), 401-426; F. Pollock, "The History of the Law of Nature," Ensayos en Derecho (1922), 31-79.-
[ 6 ] Sobre la diferencia entre la prerrogativa contra la incriminación contra uno mismo protegida en juicios federales por la 5° Enmienda, y las limitaciones que la Due Process Clause impone a los estados sobre el uso de confesiones bajo coerción, ver Brown v. Mississippi, supra, at 285.-
JUEZ BLACK, en coincidencia.-
Adamson v. California, 332 U.S. 46, 68 -123, da argumentos a mi creencia de que las cortes estatales y federales y los oficiales que aplican la ley deben obedecer el mandato de la 5° Enmienda de que "Nadie . . . será obligado [342 U.S. 165, 175] en cualquier caso penal a oficiar de testigo en contra de sí mismo." Creo que una persona es forzada a ser testigo en su contra no solo cuando es obligada a testificar, sino también, como sucedió aquí, cuando evidencia incriminatoria le es arrancada mediante un artilugio de la ciencia moderna”. Cf. Boyd v. United States, 116 U.S. 616 ; Counselman v. Hitchcock, 142 U.S. 547, 562 ; Bram v. United States, 168 U.S. 532 ; Chambers v. Florida, 309 U.S. 227 . California sentenció al recurrente utilizando en su contra evidencia obtenida de este modo, y concuerdo con el JUEZ DOUGLAS en que esto constituye fundamento suficiente como para revocar el caso.-
Desde la perspectiva de la mayoría de la corte, sin embargo, la 5° Enmienda no impone ninguna clase de restricción a los estados. De cualquier modo, esta mayoría también sostiene que el uso de la pruebas que hizo California violó la cláusula de Debido Proceso de la 14° Enmienda. Dado que ellos afirman lo mismo que yo en este caso, lamento mi incapacidad para aceptar su interpretación sin objetarla. Pero creo que la adhesión fiel a las garantías específicas de la Bill of Rights asegura una protección más permanente de la libertad individual que esa que se desprende de los estándares nebulosos establecidos por la mayoría.-
Lo que la mayoría sostiene es la que cláusula de debido proceso le da poder a esta corte para declarar nula cualquier ley estatal si su aplicación “escandaliza la conciencia”, " ofende "el sentido de justicia" o va contra las "decencias de la conducta civilizada." La mayoría subraya que estas afirmaciones no se refieren a su propia consciencia o a su propio sentido de justicia o decencia. Ya que se nos dice que "no debemos recurrir a nuestras nociones meramente personales y privadas"; nuestros juicios deben estar fundados en “consideraciones profundamente arraigados en la razón y en las tradiciones de la profesión del Derecho”. Además se nos advierte que debemos medir la validez de las prácticas de los estados no por nuestra razón o por las tradiciones de la profesión del Derecho sino por “el sentido de juego limpio y de decencia de la comunidad”; por las “tradiciones y conciencia de nuestra gente”; o por “esos cánones de decencia y equidad [342 U.S. 165, 176] que expresan las nociones de justicia de los pueblos angloparlantes”. Estos cánones se vuelven necesarios, se dice, debido a “intereses de la sociedad que tirar en direcciones opuestas”.-
Si la Due Process Clause inviste a esta corte de poderes tan ilimitados para invalidar leyes, yo todavía tengo dudas acerca de por qué deberíamos considerar solo las nociones de los pueblos angloparlantes para determinar cuáles son los principios fundamentales e inmutables de justicia. Más aún, uno bien podría preguntarse qué caminos de interrogación están abiertos para descubrir “cánones” de conducta tan universalmente aceptados que esta corte debería consagrarlos en la Constitución. Todo lo que se nos dice es que el descubrimiento debe ser hecho por una “evaluación basada en la investigación desinteresada que lleva adelante un espíritu científico, en el equilibrado establecimiento de los hechos”
Algunas disposiciones constitucionales están formuladas en lenguaje absoluto y desprovisto de calificativos, como por ejemplo, la 1era Enmienda que dispone que no se aprobará ley alguna que prohíba el libre ejercicio de la libertad religiosa, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa. Otras cláusulas constitucionales requieren que las cortes decidan entre cursos de acción enfrentados entre sí, como cuando la 4° Enmienda solicita, en sus propios términos, que sea una decisión judicial la que establezca qué es un cateo o requisa “no razonable”. No hay, sin embargo, un lenguaje constitucional expreso que confiera poderes judiciales para invalidar cualquier ley de cualquier estado considerada “no razonable” o enfrentada a la noción de “decencias civilizadas” de la Corte ; aunque la filosofía constitucional empleada por la mayoría ha sido en el pasado usada para denegar a un estado el derecho a fijar el precio del combustible, Williams v. Standard Oil Co., 278 U.S. 235 ; e incluso el derecho de evitar que las panaderías engañen a los clientes con rodajas de pan más pequeñas que las ofrecidas, Jay Burns Baking Co. v. Bryan, 264 U.S. 504 . Estos casos, y otros, 1 [342 U.S. 165, 177] muestran la extensión con la cual los estándares evanescentes de la filosofía de la mayoría han sido utilizados para anular programas legislativos aprobados para suprimir malas prácticas económicas. Es imposible predecir qué rol paralizante jugará esta misma filosofía en los hechos económicos futuros de este país. Y es aún más preocupante y serio, de todos modos, el uso de esta filosofía para volver nula la Bill of Rights. Hace mucho tiempo yo concluí que las cualidades de esta filosofía que se estira como un acordeón inevitablemente ponen en peligro todas las salvaguardas a la libertad individual específicamente estipuladas por la Bill of Rights. 2 Reflexiones y fallos recientes 3 de esta Corte que sancionan la restricción de la libertad de expresión y de prensa han fortalecido esta conclusión.-
[ 1 ] Ver n. 12 del fallo en dicidencia, Adamson v. California, supra, en la p. 83.-
[2 ] E. g., Adamson v. California, supra, y causas citadas en el fallo en dicidencia.-
[ 3 ] American Communications Assn. (Asociación estadounidense de Comunicaciones) v. Douds, 339 U.S. 382 ; Feiner v. Nueva York, 340 U.S. 315 ; Dennis v. Estados Unidos, 341 U.S. 494.-
JUEZ , en coincidencia.-
Las pruebas obtenidas del estómago del acusado serían admisibles en la mayoría de los estados en los cuales surgió una cuestión como esta.. 1 Hasta aquí, según revelan los registros de casos, los únicos estados que probablemente excluirían las pruebas serían Arkansas, Iowa, Michigan, y Missouri. 2 [342 U.S. 165, 178] Aún así, la Corte ahora dice que la normativa que la mayoría de los estados ha erigido viola las "decencias de la conducta civilizada." No puedo estar de acuerdo con esto. Es una normativa formulada por cortes responsables con jueces tan sensibles como nosotros a los estándares adecuados para la aplicación de la ley.-
Como cuestión original puede debatirse si la cláusula en la 5° Enmienda de que nadie “deberá ser obligado a ser testigo en contra de sí mismo en ningún juicio” sirve a los fines de la justicia. No todos los procedimientos legales civilizados la reconocen. 3 Pero la elección fue hecha por los Artífices, una elección que fija un estándar para los juicios en este país. Los Artífices lo convirtieron [342 U.S. 165, 179] en un estándard de debido proceso para los enjuiciamientos del gobierno federal. Si constituye un requisito de debido proceso para un juicio en una corte federal, me resulta imposible decir que no es un requisito de debido proceso para un juicio en una corte estatal. Esta fue la cuestión recientemente analizada en Adamson v. California, 332 U.S. 46 . La corte rechazó el alegato de que un testimonio forzado debería ser excluido y sostuvo el principio de que el acusado en un juicio estatal puede ser obligado a prestar testimonio en su contra. Yo no estoy de acuerdo. Por supuesto que un acusado puede ser forzado a estar presente en el juicio, a ponerse de pie, sentarse, girar a un lado u otro o probarse una gorra o un abrigo. Ver Holt v. United States, 218 U.S. 245, 252 -253. Pero creo que las palabras sacadas de sus labios, pastillas sacadas de sus estómagos o sangre sacada de sus venas, son todas inadmisibles, toda vez que son extraídas sin que la persona preste consentimiento. Son inadmisibles debido al mandamiento de la 5° Enmienda.-
Esta es una normativa sobre pruebas inequívocas, libres de ambigüedades y capaz de ser puesta en práctica, tanto para cortes federales como estatales. Pero no podemos, con espíritu justo, liberar a las cortes estatales de ese mandato, mientras las vilipendiamos por desobedecer las “decencias civilizadas” cuando a la hora de admitir elementos probatorios. Esto sería hacer que la regla, en vez de depender de la Constitución, lo haga de las idiosincracias de los jueces que la interpretan.-
El daño ocasionado por la perspectiva que propone la Corte en esta causa puede no resultar conspicuo aquí. Pero responde a la misma filosofía que dio lugar a Betts v. Brady, 316 U.S. 455 , denegando defensa legal a un acusado en un juicio estatal contra el mandato de la 6° Enmienda, y Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25 , permitiendo que se obtuvieran pruebas como resultado de una requisa que resulta ilegal admitir en un juicio estatal bajo la 4° Enmienda. Es parte del proceso de erosión de los derechos del ciudadano de los últimos años.-
[ 1 Ver El pueblo v. One 1941 Mercury Sedan, 74 Cal. App. 2d 199, 168 P.2d 443 (aspiración del estómago del acusado para extraer los narcóticos que había tragado); Rochin v. California, 101 Cal. App. 2d 140, 225 P.2d 1 (aspiración del estómago del acusado para extraer los narcóticos que había tragado); El pueblo v. Tucker, 88 Cal. App. 2d 333, 198 P.2d 941 (test de sangre para establecer si había intoxicación); el Estado v. Ayres, 70 Idaho 18, 211 P.2d 142 (test de sangre para establecer si había intoxicación); Davis v. el Estado 189 Md. 640, 57 A. 2d 289 (análisis del tipo de sangre para ligar al acusado con un crimen); Skidmore v. el Estado, 59 Nev. 320, 92 P.2d 979 (exámenes al acusado por enfermedades venéreas); el Estado v. Sturtevant, 96 N. H. 99, 70 A. 2d 909 [342 U.S. 165, 178] (test de sangre para establecer si había intoxicación); el Estado v. Alexander, 7 N. J. 585, 83 A. 2d 441 (análisis de tipo de sangre para establecer culpabilidad); el Estado v. Gatton, 60 Ohio App. 192, 20 N. E. 2d 265 (comentando la negativa a ser sometido a un test de sangre o de orina para establecer si había intoxicación); el Estado v. Nutt, 78 Ohio App. 336, 65 N. E. 2d 675 (comentando la negativa a ser sometido a un test de orina para establecer si había intoxicación); pero cf. Booker v. Cincinnati, 1 Ohio Supp. 152 (comentando la negativa a ser sometido a un test de orina para establecer si había intoxicación); el Estado v. Cram, 176 Ore. 577, 160 P.2d 283, 164 A. L. R. 952, 967 (test de sangre para determinar si había intoxicación); Commonwealth v. Statti, 166 Pa. Super. 577, 73 A. 2d 688 (test de tipo de sangre para vincular al acusado a una agresión).-
[ 2 ] Bethel v. el Estado, 178 Ark. 277, 10 S.W.2d 370 (exámenes por enfermedades venéreas); el Estado v. Height, 117 Iowa 650, 91 N. W. 935 (exámenes por enfermedades venéreas); el Estado v. Weltha, 228 Iowa 519, 292 N. W. 148 (test de sangre para determinar si había intoxicación, reglas restrictivas al cateo y confiscación); pero cf. el Estado v. Benson, 230 Iowa 1168, 300 N. W. 275 (comentario sobre la negativa a someterse a tests de sangre para determinar si había intoxicación); el Pueblo v. Corder, 244 Mich. 274, 221 N. W. 309 (exámenes por enfermedades venéreas); pero también ver el Pueblo v. Placido, 310 Mich. 404, 408, 17 N. W. 2d 230, 232; el Estado v. Newcomb, 220 Mo. 54, 119 S. W. 405 (exámenes por enfermedades venéreas);; el Estado v. Matsinger, 180 S. W. 856 (exámenes por enfermedades venéreas).//-
[ 3 ] Ver Ploscowe, The Investigating Magistrate in European Criminal Procedure, 33 Mich. L. Rev. 1010 (1935). [342 U.S. 165, 180]